Washington está entre los estados con mayores niveles de robo en el comercio minorista, pero el gobernador Bob Ferguson acaba de vetar 500.000 dólares del presupuesto estatal que habrían extendido un programa probado para combatir el robo organizado en el comercio (ORC, por sus siglas en inglés). Esta decisión no es una nota al pie presupuestaria; es el último ejemplo de una elección política deliberada para restar énfasis a la aplicación de la ley frente al hurto.
Las cifras son contundentes. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los minoristas de Washington perdieron 2.700 millones de dólares en mercancía robada solo en 2021, lo que generó 603 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales perdidos. Eso representa el 3,46% de todos los robos minoristas del país. Forbes sitúa a Washington cerca de los primeros lugares a nivel nacional, y otros grupos del sector estiman un impacto económico anual cercano a los 3.000 millones de dólares, que se traduce en precios más altos para cada consumidor y empleos perdidos para los trabajadores.
Un programa piloto modesto de 1 millón de dólares, financiado en 2024, demostró lo que puede lograr una aplicación focalizada de la ley. En el condado de King, el fiscal adicional contratado con esos fondos presentó 142 casos de robo minorista entre enero y junio de 2025, dos veces y media el promedio de los cuatro años anteriores. En todo el estado, el programa generó 402 respuestas de las fuerzas del orden, identificó 1.194 posibles candidatos para desvío y produjo miles de informes de inteligencia sobre ORC. Una evaluación del Departamento de Comercio en enero de 2025 calificó el esfuerzo como “altamente efectivo”.
Aun así, Ferguson vetó la extensión de 500.000 dólares apenas dos semanas después de firmar el presupuesto suplementario. Ante preguntas, el gobernador citó la necesidad de “equilibrar el presupuesto”. La representante Mari Leavitt, demócrata que impulsó la financiación, quedó atónita: “Esto es una preocupación bipartidista en todo nuestro estado… No tiene nada que ver con la política y sí con mantener seguras a nuestras comunidades”.
La Asociación de Minoristas de Washington es igual de clara. Crystal Leatherman señala que a los reincidentes se les ofrecen programas de desvío sin un mecanismo de cumplimiento: “les están dando un viaje gratis”. Seattle figura entre las diez principales ciudades del país por violencia vinculada al robo minorista, según el informe 2025 de la Federación Nacional de Minoristas. Empleados y clientes son amenazados a diario mientras grupos organizados tratan las tiendas como si fueran almacenes de autoservicio.
El veto forma parte de un patrón más amplio. Durante años, los responsables de políticas en Washington han suavizado las sanciones por hurto, ampliado el desvío y subfinanciado la fiscalía. El resultado previsible es una puerta giratoria que envalentona a los ladrones profesionales mientras los negocios honestos y los contribuyentes pagan la cuenta.
500.000 dólares son una fracción mínima del presupuesto estatal, pero su impacto habría sido desproporcionado. Policías, fiscales y minoristas en los condados de King, Snohomish y Spokane estaban listos para construir sobre resultados comprobados. El robo minorista no es un delito sin víctimas. Aumenta los precios, reduce la recaudación fiscal, pone en riesgo a los trabajadores y erosiona la calidad de vida. Hasta que Washington restablezca una aplicación seria de la ley penal — empezando por financiar lo que funciona —, los negocios seguirán cerrando, los consumidores pagarán más y las comunidades se sentirán menos seguras.
Los legisladores deberían anular el veto en la próxima sesión y enviar un mensaje claro: el robo será procesado, no tolerado.
