Tres conclusiones:
• El proyecto de WinCo en el norte de Seattle se está retrasando por el proceso, no por un daño ambiental comprobado.
• Ese retraso significa menos acceso a alimentos, menos oportunidades de empleo y menos competencia en un área que necesita las tres.
• La revisión ambiental debería proteger al medio ambiente sin permitir que el procedimiento se convierta en una herramienta para frenar la oportunidad.
Una tienda de comestibles vacía no contrata trabajadores, no baja los precios de los alimentos y no ayuda a nadie a construir un futuro mejor.
Eso debería importar en Seattle, donde WinCo Foods ha intentado abrir una tienda en el antiguo Sam’s Club de 13550 Aurora Avenue North. El edificio, según se informa, ha estado en su mayor parte vacío desde que Sam’s Club cerró en 2018. La propuesta de WinCo reutilizaría un sitio comercial existente, remodelaría el edificio, reconfiguraría el estacionamiento y llevaría una tienda de comestibles de descuento al norte de Seattle.
En cambio, el proyecto se topó con otro obstáculo.
Un grupo llamado Lake Washington Working Families apeló la determinación ambiental de Seattle para el proyecto. La Oficina del Examinador de Audiencias de Seattle revocó la aprobación ambiental de la ciudad bajo la Ley Estatal de Política Ambiental (SEPA), argumentando que la ciudad evaluó el proyecto con una línea base incorrecta. El examinador concluyó que la ciudad debería haber evaluado el proyecto contra la condición actual del sitio, en su mayoría vacante, y no contra su uso anterior como un Sam’s Club en funcionamiento. La decisión devuelve el proyecto para una revisión adicional.
Ese fallo importa por razones que van más allá de una sola tienda.
El examinador no determinó que los opositores hayan probado que WinCo causaría un daño ambiental significativo. La decisión, en cambio, giró en torno al proceso: si la revisión de la ciudad utilizó el punto de comparación adecuado. En otras palabras, el proyecto se retrasa no porque se haya establecido un daño real, sino porque el proceso de revisión se consideró insuficiente.
Ese es el problema de política pública.
Las reglas ambientales y de uso de suelo de Washington deberían proteger al público de daños genuinos. No deberían convertirse en herramientas que permitan a terceros retrasar proyectos legales, limitar la competencia y bloquear oportunidades de empleo sin demostrar un daño serio y específico del proyecto.
Una alternativa de propiedad de los empleados
WinCo es diferente de muchas otras cadenas de supermercados. WinCo no es sindical, aunque los registros muestran que sindicatos afiliados a United Food and Commercial Workers han buscado representar a algunos trabajadores. La empresa es propiedad de los empleados, y promueve ese modelo como un beneficio central. WinCo afirma que los empleados elegibles participan en su plan de propiedad accionaria sin hacer aportes y que la empresa contribuye con el 20% de la compensación elegible en acciones cada año. Eso le da a los trabajadores una participación real en el negocio.
Un nuevo WinCo en el norte de Seattle significaría más oportunidades de empleo, la reutilización de un gran sitio minorista vacante y mayor disponibilidad de comestibles, en un área donde líderes locales y defensores han advertido sobre desiertos alimentarios. Esos son beneficios públicos y deberían contar en la discusión, no tratarse como simples trámites.
The Seattle Times informó que Lake Washington Working Families no tiene sitio web y no está registrada en el estado. Los registros públicos ubican al grupo en la misma dirección de Portland que su abogado. Los registros también muestran que el mismo grupo, representado por el mismo abogado, impugnó un proyecto de WinCo en Renton. Eso no significa que el grupo no tenga miembros locales, pero sí plantea una pregunta obvia de transparencia: cuando una organización puede impugnar proyectos importantes en más de una ciudad, el público debería saber a quién representa y quién financia o dirige la impugnación.
Esto no se trata de negar el derecho a plantear preocupaciones ambientales legítimas. Se trata de asegurar que el proceso no se use para bloquear competencia, limitar oportunidad o retrasar proyectos legales.
La sobrerregulación crea oportunidades para la obstrucción estratégica. Cada vía adicional de apelación o traba procedimental crea otra oportunidad para retrasar proyectos y hacer más difícil que trabajadores y consumidores se beneficien de nueva competencia. Eso es especialmente preocupante cuando la oportunidad bloqueada es una tienda que ofrecería alimentos de menor costo y propiedad de los empleados.
Los legisladores estatales deberían mirar con cuidado cómo se está usando SEPA y las apelaciones de permisos locales. La revisión ambiental es legítima, pero la transparencia también lo es. Y es importante contar con un proceso que no pueda usarse fácilmente para retrasar proyectos sin prueba de daño significativo.
Los legisladores deberían considerar reformas que hagan el proceso más transparente, más oportuno y menos vulnerable a retrasos estratégicos. Eso podría incluir exigir mayor divulgación por parte de terceros apelantes sobre quién financia o dirige una impugnación, ajustar quién tiene legitimación para apelar y establecer plazos más rápidos cuando se reutiliza un sitio comercial existente. Este caso sugiere que el proceso actual no logra el equilibrio correcto entre la revisión ambiental legítima y el interés público.
El costo del retraso es real: menos acceso, menos competencia y menos oportunidad. Washington no debería permitir que el papeleo preserve edificios vacíos. Necesita reglas que mantengan al estado abierto a la oportunidad.
