En 2024, el entonces gobernador Jay Inslee advirtió que “tenemos una epidemia de asma en nuestro estado”, y dijo que los fondos del impuesto estatal al CO2 ayudarían a financiar proyectos para reducir la contaminación del aire. Al año siguiente, el Departamento de Ecología distribuyó 8.5 millones de dólares en subvenciones para mejorar la calidad del aire en “comunidades sobrecargadas” y reducir “disparidades de salud”.
Un análisis de los 21 proyectos financiados muestra que solo uno probablemente reducirá de manera significativa la contaminación del aire. La mayor parte del dinero se destinó a divulgación comunitaria y activismo político para grupos como Somali Independent Business Alliance y Urban League of Seattle.
En lugar de financiar proyectos que redujeran la contaminación, el dinero del programa “Washington State Air Quality in Overburdened Communities Grant” se gastó en:
• “Incidencia/abogacía de políticas” para “impulsar legislación de justicia ambiental, como la HEAL Act…”
• Pagar 2,000 dólares a cada integrante de un “consejo asesor comunitario” sobre contaminación
• Regalar 50 bicicletas reacondicionadas y enseñar a estudiantes de secundaria “habilidades para mantener sus bicicletas”
• Subsidios para la compra de bicicletas eléctricas, que no han demostrado reducir la contaminación del aire
Incluso algunos proyectos que en teoría eran buenos quedaron muy por debajo de lo prometido. Por ejemplo, un proyecto para reemplazar estufas de leña —una fuente importante de contaminación por partículas— pretendía reemplazar 20 estufas, pero terminó reemplazando cero porque los propietarios no quisieron deshacerse de ellas.
El único proyecto que abordó de manera significativa la contaminación del aire de forma costo-efectiva fue un proyecto en Spokane que redujo el polvo proveniente de un camino sin pavimentar. Ese proyecto hizo dos cosas que ninguno de los demás hizo: presentó una proyección de la contaminación reducida y estimó la relación costo-beneficio comparándola con métricas estándar.
Irónicamente, la legislatura votó para recortar a la mitad el financiamiento futuro para este tipo de programas. La legislación del representante Joe Fitzgibbon redujo el financiamiento futuro para estos proyectos en un 50%, pese a haber dicho al Seattle Times en 2024 que el impuesto al CO2 era necesario porque “es importante para abordar disparidades de salud”.
El estado debería hacer cuatro cosas para asegurar que los proyectos futuros produzcan beneficios ambientales reales:
• Exigir que todas las subvenciones incluyan una estimación de cuánta contaminación PM2.5 y PM10 se reducirá.
• Clasificar los proyectos por costo-efectividad: más beneficios ambientales por dólar debe significar un mejor ranking.
• No más financiamiento para “divulgación comunitaria”.
• Las organizaciones que no cumplan con las mejoras proyectadas deben rendir cuentas, incluyendo devolver una parte de los fondos según el incumplimiento, y quedar inhabilitadas para recibir futuras subvenciones de la CCA.
Existen proyectos que pueden reducir de manera tangible la contaminación del aire, pero el programa actual no tiene estándares de efectividad ni mecanismos de rendición de cuentas. Hasta que eso cambie, la gente en todo el estado seguirá respirando partículas y cargando con la contaminación del aire.
(El informe completo está disponible aquí: https://www.washingtonpolicy.org/publications/detail/bait-and-switch-state-funding-to-reduce-air-pollution-in-overburdened-communities-prioritized-advocacy-not-cleaner-air)
