Ken Jennings apareció en un reciente anuncio de televisión ofreciendo a los habitantes de Washington un «examen sorpresa» sobre la Iniciativa 645. Pero, aunque quizá sea el rey indiscutible de los concursos de conocimientos, su anuncio de 30 segundos demuestra que la política tributaria estatal definitivamente no es su categoría más fuerte.
Mientras que dar una respuesta incorrecta en Jeopardy! solo cuesta dólares virtuales, repetir las afirmaciones falsas de la campaña «No a la 645» les costará dinero real a los votantes.
La decisión sobre si Washington debería tener un impuesto estatal sobre la renta corresponde, en última instancia, a los votantes. Pero, independientemente de cómo piense votar cada persona, estas afirmaciones merecen una comprobación inmediata de los hechos.
1. Los opositores afirman que la I-645 aumenta los impuestos a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas
Los opositores sostienen que la I-645 elimina la fuente de financiación —el impuesto sobre la renta— mientras mantiene vigentes todos los «beneficios» —las disposiciones de alivio tributario que lo acompañan— en un momento en que el estado afirma no tener dinero. Para que la situación parezca peor, los críticos aseguran que la Constitución prohíbe a los legisladores modificar esas disposiciones restantes durante dos años.
Ambas afirmaciones son falsas.
Aunque la Legislatura debería hacer todo lo posible para ofrecer un alivio tributario real después de haber aprobado enormes aumentos de impuestos por habitante, los legisladores que afirman tener las manos atadas económicamente no están siendo sinceros. Si realmente se sintieran limitados, podrían simplemente derogar o ajustar las disposiciones de alivio tributario en 2027 o 2028, mucho antes de su entrada en vigor prevista para 2029.
En segundo lugar, la premisa jurídica de que los legisladores no pueden tocar estas disposiciones durante dos años interpreta mal la ley estatal. El requisito constitucional de una votación de dos tercios para enmendar una iniciativa no se aplicaría al alivio tributario ni a la ampliación del Crédito Tributario para Familias Trabajadoras. La I-645 deroga el impuesto sobre la renta; no vuelve a promulgar ni enmienda las leyes de alivio tributario subyacentes. Como aclaró explícitamente una opinión del fiscal general de 1988, los legisladores conservan la libertad de legislar sobre temas relacionados sin una supermayoría, siempre que preserven el propósito central de la iniciativa.
2. Los opositores afirman que los pensionistas del sector público no tendrán que pagar
Los dirigentes sindicales y las campañas opositoras aseguran repetidamente a los votantes que los pensionistas del sector público no tendrán que pagar el impuesto sobre la renta porque ninguna pensión pública alcanza el umbral de un millón de dólares. Pero, si nunca tendrán que pagar, ¿por qué dedicaron los legisladores 14 secciones detalladas del proyecto a garantizar que los ingresos por pensiones públicas queden incluidos explícitamente?
Basta con mirar la página 43 del proyecto: la sección 810 elimina antiguas protecciones tributarias del PERS para someter esas prestaciones de jubilación al nuevo impuesto sobre la renta, mientras que la sección 806 hace exactamente lo mismo con las pensiones de los docentes.
Al ser cuestionados, dirigentes sindicales como April Sims afirmaron que esto se hizo para «cerrar una laguna legal». ¿Qué laguna? Nadie lo sabe. Como experto que ha viajado por todo el país para trabajar específicamente en asuntos de pensiones estatales, puedo afirmar inequívocamente que no existe ninguna norma federal que obligue a gravar las pensiones públicas estatales, y varios estados las eximen por completo de sus impuestos sobre la renta. No había ninguna «laguna» que cerrar.
Entonces, ¿qué razón habría para revisar todas esas secciones y eliminar las protecciones de las pensiones públicas?
La respuesta es una de dos: o alguien dio a los redactores el pésimo consejo de que debían incluir las pensiones públicas —algo muy improbable—, o los legisladores querían resolver ahora la disputa sobre las pensiones, antes de que los pensionistas empiecen a pagar y a darse cuenta una vez que se reduzca el umbral. Al incluir las pensiones públicas desde el principio en la estructura tributaria, los legisladores garantizan que los jubilados empiecen a pagar automáticamente en cuanto se reduzca la deducción.
3. Los opositores afirman que los votantes deben aprobar cualquier ampliación o reducción del umbral por debajo de un millón de dólares
La réplica de la oposición en el folleto electoral promete: «Cualquier intento de ampliarlo a quienes ganamos menos de un millón se decidiría en las urnas».
No hay una votación pública automática. La deducción estándar de un millón de dólares existe en una ley estatal ordinaria, que la Legislatura puede reducir o eliminar en cualquier momento por mayoría simple. De hecho, durante el debate del proyecto sobre el impuesto sobre la renta, el representante Chris Dufault propuso una enmienda explícita que exigía un referéndum público antes de que pudiera reducirse la deducción. La mayoría de la Cámara la rechazó. La protección de los votantes que se promete en el material de campaña fue propuesta y derrotada deliberadamente.
Además, cuando la Legislatura finalmente decida reducir el umbral, casi con seguridad añadirá la misma cláusula de emergencia contra el referéndum que incluyó en el proyecto original, declarando que «El impuesto establecido en esta ley es necesario para el sostenimiento del gobierno estatal y de sus instituciones públicas existentes».
Añadir ese lenguaje impide legalmente que los ciudadanos presenten un referéndum para evitar que entre en vigor el umbral reducido. Para oponerse, los votantes se verían obligados a promover una iniciativa ciudadana estatal, cuyos partidarios tendrían que reunir más de 300.000 firmas y gastar millones de dólares privados para defender su postura contra la reducción del umbral, mientras se enfrentan a decenas de millones de dólares de los sindicatos del sector público en su contra.
Los opositores afirmarán que no reducir el umbral obliga a recortar la financiación de la educación y la atención médica. Eso activará una Declaración de Divulgación del Impacto Público (PIID), que permitirá al fiscal general inclinar la balanza del resultado electoral. Es ridículo que la ley de la PIID no haya sido declarada inconstitucional, pero representa exactamente las condiciones desiguales que enfrentarán los contribuyentes.
4. Los opositores afirman que la I-645 recorta 13.000 millones de dólares de escuelas, hospitales y cuidado infantil
Afirmar que la I-645 «abre un agujero de 13.000 millones de dólares en el presupuesto» tergiversa fundamentalmente el funcionamiento del presupuesto estatal. El impuesto sobre la renta no ha recaudado un solo dólar, y sus primeros pagos ni siquiera vencen hasta abril de 2029. Por consiguiente, ninguna escuela, hospital o programa de cuidado infantil recibe hoy un centavo de ese impuesto, ni lo recibirá hasta que el próximo año se apruebe el presupuesto de 2027-2029. No se puede recortar dinero de un presupuesto cuando ese dinero nunca estuvo en él.
Equiparar una reducción de ingresos futuros previstos con recortes reales de gasto es una táctica deliberada para infundir miedo. Las previsiones de ingresos del fondo general fluctúan naturalmente según las condiciones económicas. Conforme a la lógica equivocada de la oposición, cada vez que los ingresos estatales previstos disminuyen por cualquier motivo, el estado está «recortando la educación». Según ese criterio, aprobar una exención del impuesto sobre las ventas, ofrecer un crédito a las pequeñas empresas o experimentar una leve desaceleración económica serían todos «recortes» a las escuelas públicas.
El presupuesto operativo estatal de 80.200 millones de dólares ya está totalmente financiado con los ingresos existentes. Derogar un impuesto sobre la renta que todavía no se ha recaudado obliga a los legisladores a ajustar sus planes de gasto futuros, pero no ordena recortar ni un centavo de las operaciones actuales de escuelas u hospitales.
Conclusión
La Iniciativa 645 ofrece a los votantes una elección clara: derogar un impuesto sobre la renta recién creado antes de que venzan los primeros pagos en 2029, o confiar en que los legisladores no reducirán el umbral después de haber despejado ya el camino legal para gravar las pensiones públicas. Entender los hechos hace evidente esa elección.
