La reciente decisión del Concejo Municipal de Vancouver de permitir que los promotores inmobiliarios aplacen el pago de las tarifas de impacto hasta una etapa posterior de la construcción es un reconocimiento positivo de que los gobiernos locales influyen considerablemente en los costos de la vivienda. Al mejorar el flujo de efectivo y reducir las necesidades iniciales de financiamiento, la medida podría ayudar a avanzar a algunos proyectos que, de otro modo, tendrían dificultades en las condiciones económicas actuales.
Sin embargo, aunque la medida es un primer paso positivo, no reduce sustancialmente el costo de desarrollar viviendas.
Las tarifas de impacto siguen siendo las mismas. Los promotores siguen siendo responsables de pagar el monto completo. La diferencia es que el pago se retrasa, lo que reduce los costos de mantener el proyecto y los intereses asociados al financiamiento de esas tarifas durante la construcción. Ese alivio financiero puede ser valioso, especialmente cuando los elevados costos del crédito han dificultado la viabilidad económica de muchos proyectos de vivienda. Pero aplazar no equivale a reformar.
Según el ejemplo presentado por el personal municipal, un proyecto de 100 unidades ahorraría $60,000 en costos de financiamiento, aproximadamente $600 por vivienda. Una vez más, es un ahorro bienvenido, pero no supone un cambio extraordinario para una vivienda de $500,000.
Washington sigue enfrentando una grave escasez de viviendas impulsada por una combinación de costos de construcción crecientes, largos plazos de permisos, normas de zonificación restrictivas y aumentos de tarifas e impuestos locales. El efecto acumulativo de estas políticas ha sido elevar el costo de cada vivienda nueva que llega al mercado. En última instancia, esos costos se trasladan a los compradores y a los inquilinos.
La pregunta fundamental para quienes diseñan las políticas debería ser si los requisitos regulatorios y las tarifas locales son necesarios, proporcionales y están estructurados para fomentar la oferta de viviendas. Aplazar las tarifas de impacto puede mejorar el flujo de efectivo de un proyecto, pero no reduce la carga regulatoria subyacente que enfrentan los promotores. Los requisitos de permisos, las evaluaciones ambientales, las restricciones de uso del suelo, las exigencias de estacionamiento, las normas de diseño y las propias tarifas de impacto siguen sumando costos considerables a la construcción de viviendas.
Si Vancouver quiere mejorar significativamente la asequibilidad de la vivienda, la siguiente conversación debería centrarse en reducir las barreras regulatorias innecesarias y revisar si los niveles actuales de las tarifas de impacto reflejan con precisión las necesidades de infraestructura. Los responsables de las políticas también deberían estudiar oportunidades para agilizar la aprobación de permisos y eliminar requisitos duplicados que retrasan la construcción y aumentan los costos de mantener los proyectos.
La asequibilidad mejora cuando se construyen más viviendas. Aunque aplazar las tarifas de impacto puede ayudar a avanzar a algunos proyectos, conviene entenderlo como un ajuste de financiamiento y no como una reforma estructural. El verdadero progreso exigirá abordar las regulaciones y las tarifas que encarecen desde el principio la construcción de viviendas.
En ese sentido, la acción de Vancouver merece reconocimiento como un paso positivo, pero también debe considerarse el inicio de una conversación más amplia y no la solución definitiva.