A primera vista, no parece haber un vínculo claro entre el Proyecto de Ley de la Cámara 1067 (HB 1067) y el Proyecto de Ley de la Cámara 1141 (HB 1141), salvo uno: el cannabis. El primero propone trasladar toda la gobernanza del cannabis en Washington al Departamento de Agricultura del Estado (WSDA). El segundo crea una estructura para sindicalizar a “ciertos trabajadores agrícolas” dentro del sector del cannabis.
En la actualidad, el cannabis no se regula como un producto agrícola en el estado de Washington… al menos no hasta que se apruebe HB 1067.
Actualmente, el cannabis está regulado por la Junta Estatal de Licores y Cannabis (WSLCB), lo cual guarda cierta coherencia con el enfoque federal. A nivel nacional, agencias como la DEA y la FDA supervisan su producción, procesamiento, empaquetado y venta.
Pero si el cannabis pasa a estar bajo la regulación del WSDA como producto agrícola, los trabajadores involucrados en su cultivo, procesamiento, empaquetado y venta serían clasificados como trabajadores agrícolas. Ese cambio abriría paso a lo que propone HB 1141: la sindicalización de los llamados “trabajadores agrícolas del cannabis”. Esta iniciativa legislativa parece ser un experimento para medir qué tan aceptable sería la sindicalización de trabajadores agrícolas en general en Washington.
Riesgos para productores agrícolas
La sindicalización de trabajadores agrícolas, sumada a las actuales leyes de horas extra, plantea riesgos importantes para agricultores y ganaderos. Existen factores que escapan al control de los productores y requieren reacciones inmediatas: condiciones meteorológicas adversas, plagas, especies invasoras o depredadores. En tales casos, el trabajo en equipo debe ser rápido y sin objeciones, incluso fuera del horario laboral, para proteger los cultivos, los animales o las instalaciones.
A esto se suman las cargas regulatorias y fiscales ya existentes, como el costo del pago de horas extra. Los agricultores y ganaderos de Washington son “tomadores de precio”, lo que significa que no pueden transferir al consumidor los costos adicionales que les imponen las políticas públicas. Cuando el consumidor paga más en la tienda, ese dinero no va al productor; va al comercio. El agricultor soporta el costo regulatorio sin ver aumento en sus ingresos.
Además, Washington ya cuenta con algunas de las leyes laborales más estrictas del país y los empleadores agrícolas aquí pagan algunos de los salarios más altos de Estados Unidos. Ya existe una red regulatoria sólida para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Soluciones sin imposiciones
Es hora de que el estado permita que empleadores y empleados establezcan canales de comunicación que funcionen para ambas partes, sin imponer estructuras sindicales obligatorias desde el gobierno. La imposición de una estructura organizativa única no refleja la realidad del sector agrícola del estado.
En Washington, el 64 % de las granjas tienen menos de 50 acres y el 43 % reporta ventas menores a $2,500. Apuntar a las grandes granjas —que son las que realmente dinamizan la economía mediante salarios, compra de insumos, pago de impuestos, consumo de combustible, etc.— debilita no solo al sector, sino también a las comunidades rurales donde estas granjas operan.
